Por: Sara Rodríguez Romero.
Alrededor del debate y repercusiones que hay entorno al conflicto armado en Colombia, es posible también adoptar una postura reflexiva desde distintas disciplinas, que reciban las experiencias de los afectados como un llamado a otorgarles visibilidad y acercamiento a oportunidades para su desarrollo y reintegración en la sociedad.
Contadora pública de profesión y abogada en formación Marcela Ospina Gómez de 44 años, es una mujer cuyas raíces provienen de las selvas de Florencia, Caldas, en una comunidad de escasos recursos siendo la agricultura el único sustento de su familia. Desde su llegada a la capital en 1996, cuando el conflicto armado apenas se asentó en el Magdalena Medio, halló la forma de abrirse paso en el mundo de la política llegando a ser dos veces edil en la localidad de Suba.
El impacto del conflicto
Con 17 años, Marcela presenció la llegada del frente 47 de las FARC y las AUC en el año 1996 a su comunidad en Samaná, municipio de lo que ahora se conoce como el Antiguo Caldas: “En ese tiempo no conocíamos que eran los grupos armados ni la guerrilla, lo peor que le podía pasar a uno era encontrarse una culebra en el camino.” comenta. Fue testigo de cómo arrasaron con la Estación de Policía, la Caja Agraria y con la vida de la alcaldesa del pueblo. Siendo de una familia de campesinos no tuvieron otra opción que abandonar sus tierras para iniciar una nueva vida en la capital.
Las secuelas para una víctima de conflicto armado no solo se reflejan a nivel de pérdida física al abandonar su hogar, la muerte o desaparición de seres queridos, sino también a nivel psicológico como lo expresa el sociólogo *Diego Romero, ya que, si bien hay territorios que han sido restituidos, para muchas víctimas, el regresar significa enfrentar de cara el trauma y en algunos casos la revictimización, puesto que hoy en día aún hay poblaciones bajo el control de disidencias.
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La exedil trae a su memoria, como en medio del desplazamiento masivo recordaba a las personas que había perdido. Si bien, afirma que en su momento el Estado le proporcionó una reparación simbólica, la suma de millón ochocientos mil pesos que recibió representaron para ella como el Gobierno le puso precio a su dolor, más no valor. La reparación a las víctimas no se efectúa de manera integral por dos principales factores que menciona el funcionario de la Secretaría Distrital de Integración Social, el primero asociado a los tiempos de ley para obtener una respuesta y el segundo porque no se ha garantizado por completo la no repetición de los hechos.
El inicio del camino a la política.
El remanente de su comunidad fueron 373 familias, quienes, como ella, anhelaban tener nuevamente un lugar donde reunirse con los suyos. De ellos recibió el respaldo y la confianza para iniciar su trayectoria en la política. Fue una puerta de oportunidades que decidió abrir, pese a los interrogantes que tuvo respecto a su origen, elocuencia y preparación. El deseo de representar a las víctimas de conflicto armado se materializa cuando en 2015 con el apoyo del Centro Democrático logra una curul para sentarse como edil de la localidad de Suba por cuatro años.
El triunfo político que obtuvo puede ser el inicio de la construcción de confianza de los afectados hacia el Estado, ya que, desde una perspectiva sociológica, por mucho tiempo la interacción entre ambas partes se enmarcaba en la falta de atención y acceso a oportunidades, sumado a los retos de adaptarse a las dinámicas de la ciudad, siendo proveniente del campo.
Su visión política ha sido alimentada por su historia de vida, en el sentido que, considera que una persona que vivió el hecho puede comprender y actuar en pro de las carencias del grupo al que representa. Entiende que es una población marginada, no solo por la falta de acceso a oportunidades y recursos que faciliten su reintegro a la sociedad, sino también porque es un sector que no usa su voz a nivel electoral, ni para extender sus necesidades.
Los móviles que lograron posicionarla en el contexto político le permitieron de igual forma impulsar su desarrollo personal y profesional, puesto que, en su primer periodo como edil de Suba, inició y culminó con éxito su primer pregrado en contaduría pública. Su constancia y preparación la llevaron a ser candidata al Concejo de Bogotá en las elecciones de octubre de 2024 y pese a que no obtuvo la victoria, su camino no finalizó allí, por el contrario, recibió propuestas para articularse con el Ministerio de Vivienda y con el Centro de Memoria Nacional, áreas en las que su experiencia y conocimiento contribuirían significativamente.
Desde la perspectiva de una disciplina como la sociología, es posible identificar los desafíos a los que se enfrentan los afectados por el conflicto, con el fin de desarrollar estrategias que les guíen en su proceso de reintegración en la sociedad.
Por otra parte, la participación política de Marcela refleja el inicio de un proceso de interacción asertiva entre las víctimas y el Estado, al mostrar que las personas que han vivido el conflicto son fundamentales para entender y abordar las necesidades del grupo, promoviendo una reparación que sea integral.
*Diego Romero: Sociólogo egresado de la Universidad Santo Tomás, Magister en Ciencia Política, Magister en estudios Internacionales, funcionario de la Secretaría Distrital de Integración Social focalizado en el fenómeno de habitabilidad de calle y abordaje e intervención sobre formas extremas de exclusión social.
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