Por: Nicol Delgado
El Holocausto del Palacio de Justicia, 28 horas de zozobra vivió el país el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 identificado como Iván Marino Ospina ingresó al Palacio de Justicia en Bogotá, hogar de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, ubicados en pleno corazón de la capital, tomando entre 300 y 350 rehenes ente ellos magistrados, empleados y visitantes, según la Comisión de la Verdad.
Entre los líderes que planearon la operación, se señalan a Álvaro Fayad como comandante máximo del M-19, quien aprobó la denominada “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre” que fue el nombre que el grupo guerrillero M-19 le dio a la toma del Palacio de Justicia.
Seis meses tardaron en planear la toma del Palacio de Justicia, tiempo durante el cual militantes de esa guerrilla fueron capturados merodeando el Palacio con planos de la edificación, además la Sijín de la policía Nacional y las fuerzas militares habían recibido información anónima el 16 de octubre del mismo año, en la que se daba aviso del ataque terrorista por parte del grupo guerrillero, como indicó Señal Memoria.
Según el M-19 el objetivo del asalto era ajusticiar al entonces presidente Belisario Betancur por el incumplimiento del Acuerdo de Corinto de 1984, un acuerdo del cese al fuego bilateral firmado por ese gobierno y la guerrilla del M-19.
El Holocausto del palacio de justicia de 1985 y las responsabilidades estatales
Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante el Holocausto del Palacio de Justicia el entonces presidente Belisario Betancur y el ministro de Defensa Miguel Vega Uribe autorizaron el operativo militar para recuperar la sede judicial, ignorando los llamados del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien no dejaba de repetir “¡No disparen, por favor, somos rehenes, soy el Presidente de la Corte!”.
Pese a los ruego de Reyes Echandía, las llamadas con su hijo el exministro Yesid Reyes, y al no haber podido contactarse con Betancur a través de los medios de comunicación se escuchó al entonces presidente de la Corte rogar “¡Que cese el fuego!”, sin embargo, su llamado fue ignorado.
Que tal la medio guevonadita de omisión en #ElGeneralNaranjo la llamada desesperada del magistrado Reyes Echandía a RCN Juan Gossaín pidiendo el cese al fuego.
— Javi (@JaviGuacaneme) April 30, 2020
PÉSIMA PRODUCCIÓN #LaSalvaraSuMadre#spamdearboles pic.twitter.com/6uW5Yc1VmA
En medio de la emergencia, el coronel Luis Carlos Sadovnik segundo al mando y comandante de la Brigada 13 del Ejército, organizó las tropas y activó el Plan Tricolor, diseñado para responder a graves alteraciones del orden público.
Minutos después, el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por estos hechos, asumió el mando directo de la operación retoma del Palacio, coordinando la acción de las unidades del Ejército, la Policía y el Batallón Guardia Presidencial, que se desplegaron alrededor del Palacio y dieron inicio a los enfrentamientos armados.
Hacia el medio día del 6 de noviembre el Ejército ingresó al Palacio de Justicia con tanques y vehículos blindados, desatando cruentos combates que duraron toda la noche. El edificio terminó en llamas y al menos 94 personas murieron, entre ellas rehenes, funcionarios y guerrilleros del M-19, de las cuales solo se han podido reconocer 68 y 11 desaparecidas, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Mientas el M-19 y el Ejército se enfrentaban, la ministra de Comunicaciones, Noemi Sanín ordenó transmitir un partido de fútbol entre Millonario y Unión Magdalena, para esconder la realidad a los colombianos y los excesos del Ejército Nacional, que incluyeron el lanzamiento de un rocket a la estructura del Palacio de Justicia, ignorando que todavía había víctimas en sus instalaciones.
La operación fue dirigida por el general Arias Cabrales, con apoyo de unidades de inteligencia militar, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Policía Nacional. Tras la retoma, once personas, entre ellas empleados de la cafetería, fueron vistos salir del edificio, pero nunca regresaron, convirtiéndose en víctimas de desaparición forzada.
La Comisión de la Verdad, en su informe “Las responsabilidades del holocausto”, concluye que el Estado colombiano tuvo conocimiento previo de la operación guerrillera y no impidió la toma, lo cual generó una falla institucional grave. Asimismo, la JEP ha abierto procesos contra oficiales por su actuación en la retoma, incluyendo el caso que involucra a oficiales como el coronel Edilberto Sánchez Rubiano.
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Memoria, víctimas y los avances de la JEP
La JEP ordenó recientemente la retirada de una placa conmemorativa que se encontraba en la Alcaldía de Bogotá y que atribuía únicamente la responsabilidad al M-19 del Holocausto del Palacio de Justicia, señalando la necesidad de visibilizar también el papel estatal.
Las víctimas están siendo escuchadas en audiencias, se están revisando restos forenses, y se han decretado medidas cautelares dentro del macro caso que investiga la toma del Palacio, como informó Asuntos Legales.
Además, la JEP ha evaluado el sometimiento de oficiales militares como en casos referidos a generales en retiro, buscando esclarecer la participación institucional y garantizar verdad y reparación para las víctimas. Este movimiento institucional ha sido aplaudido por organizaciones defensoras de los derechos humanos, aunque aún enfrenta resistencia política y judicial, especialmente en la Fiscalía General de la Nación donde las investigaciones no han avanzado como han denunciado las víctimas.
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