Con el fallo en primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, en contra del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por presuntos vínculos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia; AUC, el pasado viernes primero de octubre, se abrió un nuevo capítulo de parapolítica en el país.
Redacción: Sebastián Fandiño y Santiago Castro.
Investigación: Santiago Castro, Natalia Guarín, Sofía Barco y Sebastián Fandiño; Semillero Periodismo y Medios, Ruta 63.
A pesar que el caso en contra del exmandatario departamental había sido abierto hace más de una década. Solamente hasta la semana pasada fue sentenciado el abogado paisa, quién además dentro de sus cargos políticos también se encuentra haber sido alcalde de Medellín (1992-1994), Embajador en la OEA (1999-2001), Senador de la República de Colombia en dos periodos, Gobernador de Antioquia (2008-2011) y aspirante a la presidencia de Colombia en 2013, periodo donde fue emitida una órden de aseguramiento por la CSJ.
En 2013, los testimonios de los ex jefes paramilitares: alias Ernestro Báez, alias Julián Bolívar, alias Alberto Guerrero, alias el Tuso Sierra y Patrón de Bello ante la Corte Suprema de Justicia, sirvieron como prueba para demostrar que desde el año 1998, al parecer, recibió financiamiento a sus campañas políticas.
Según los folios publicados hace ocho años por el máximo órgano de justicia del país, cosechaba los testimonios de las reuniones llevadas a cabo en los primeros meses del 2005, entre los exjefes paramilitares y cuatro legisladores, en los que se encontraba Ramos. Durante aquella época el Gobierno Nacional adelantó negociaciones para el desarme entre dichos combatientes.
Así las cosas, la investigación reposa en los anaqueles de la Corte Suprema desde hace ocho años. Hasta que el pasado mes de octubre, la sala especial de primera instancia sentenció a Alfredo Ramos a pagar 95 meses de prisión, aproximadamente siete años, por los delitos de concierto para delinquir de grupos armados y recibir financiamiento de campañas por los hermanos Castaño.
Ante esta decisión del órgano, Ramos salió en su propia defensa: “Soy inocente, he sido víctima de falsos testigos cuyas declaraciones han dado lugar a un fallo de primera instancia que me afecta a mí y a mi familia”. Indicó el ex funcionario público mediante un video en Twitter tras la publicación del fallo.
“Mi carrera política y mi vida profesional de 40 años al servicio del país no serán mancillados por este arbitrario fallo, promovido por oscuros intereses políticos”, recalcó en el comunicado.
Después de que la Corte lo condenó a siete años de cárcel, Ramos obtuvo una inhabilidad intemporal para ocupar cargos públicos y una multa de 7.749,65 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Por último, Luis Alfredo reafirma que le hará frente a esta situación, con la esperanza de que en la segunda instancia se compruebe su libertad y así no volver a estar privado de ella.
