Por: Nicol Delgado
El departamento de Chocó, ubicado al noroeste del país en la región pacífica, vive un nuevo Paro Minero y maderero que inició en su capital Quibdó, el pasado 6 de octubre. Los manifestantes denuncian la criminalización de la minería informal y exigen al Gobierno Nacional avances en los procesos de la formalización de esta actividad.
El periódico El Colombiano reportó que los bloqueas por el Paro Minero afectan las principales vías que conectan a Quibdó con Medellín y Pereira, lo que generó afectaciones en el comercio y en el transporte del departamento. Según la Confederación Colombiana de Transportadores las perdidas por el Paro podrían ser entre 1.500 y 2.000 millones de pesos diarios.
Grupos de mineros, madereros y miembros de la guardia indígena se concentraron en distintos puntos de la ciudad. Como afirmó El Espectador algunos comerciantes denunciaron que debido al paro minero se presentaron presiones para cerrar negocios, incluso un propietario de una farmacia en Quibdó dijo: “Llegaron a mi negocio y nos obligaron a cerrarlo de una manera no amigable. La calle se llenó de indígenas y el comercio quedó a media máquina”.
¿A qué se debe el Paro Minero en Chocó?
El Paro fue organizado por la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó (Asomachó) y la Federación de Mineros del Chocó (Fedemichocó). Según los voceros, el motivo principal es la falta de cumplimiento de los acuerdos firmados previamente con el Gobierno Nacional y la intensificación de los operativos de la fuerza pública.
Según el ministerio de Ambiente, existe una sentencia que protege el río Atrato, sujeto de derecho, la cual dicta ocho órdenes, entre ellas una que establece que antes de proceder a destrucción de maquinaria, el Estado debe garantizar un plan de atención o formalización al minero.
De acuerdo con El Espectador, José Correa, representante legal de Asomachó y líder del Paro Minero, afirmó que hasta la fecha no han logrado establecer acuerdos que eviten la destrucción de maquinarias. De hecho, el fin de semana pasado en el sector La Platina, la Policía quemó maquinaria extractiva avaluada en 1.400 millones de pesos.
Además, el líder del Paro señaló que solicitan la presencia de los ministerios de Defensa, Ambiente e Interior para dar inicio al proceso de formalización de los mineros, “hoy el Gobierno nacional ha criminalizado la minería. Nosotros somos gente de bien. Lo único que pedimos es el derecho al trabajo, no pedimos más” aseguró.
Los mineros también solicitan a través del Paro Minero que se adecue la normativa minera y el acompañamiento en los procesos de formalización, así como protección para los líderes sociales.
Respuestas del Gobierno y afectaciones en el departamento
Ante el Paro Minero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que se están tomando medidas para diferenciar el tratamiento hacia los mineros en proceso de formalización. “priorizaremos la incautación de maquinarias sobre la destrucción, si el entorno de orden público lo permite”, explicó.
No obstante, los manifestantes insisten que las medidas no son suficientes, “exigimos voluntad del ministerio de Defensa para construir una ruta que permita frenar los operativos. La minería no mata, de ella obtenemos el sustento. El hambre sí mata y genera violencia”.
El impacto del paro minero no se limita a Quibdó, según reportes locales, las vías hacia Medellín, Pereira y la Costa Caribe permanecen bloqueadas, lo que ha dejado a gran parte del departamento incomunicado.
El Paro Minero también ha obstaculizado el tránsito de víveres, combustible, medicamentos y personas. Algunos sectores sociales han alertado sobre la posibilidad de que las comunidades más apartadas enfrenten la escasez de alimentos y otros productos, mientras tanto, aumenta la tensión entre los habitantes que se ven afectados por el paro sin estar involucrados directamente.
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El desabastecimiento, la escasez de gasolina y la interrupción del comercio reflejan la gravedad del paro minero. Comerciantes y transportadores piden una solución urgente para reestablecer la movilidad y garantizar el abastecimiento de productos esenciales.
Además, los antecedentes de paros mineros en esta región han provocado muertes y la quema de vehículos, lo que genera preocupación ante un posible aumento de la violencia.
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