El 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe, en su proceso por soborno en actuación penal y fraude procesal. La sala 19 del Tribunal Superior de Bogotá, liderada por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo, tumbó la condena de Uribe en su decisión de segunda instancia.
Es importante entender que dicha determinación se desarrolló de acuerdo a cuestionamientos sobre los criterios que condujeron a la determinación de la Juez Sandra Heredia, en su sentencia condenatoria del pasado 1 de agosto de 2025. Por ende, la primera medida que tomó el Tribunal Superior de Bogotá fue revocar la detención domiciliaria sujeta al fallo en primera instancia.
La primera decisión de la sala de magistrados liderado por Leonel Rogeles Moreno, en ese entonces, determinó que el exmandatario obtendría nuevamente su libertad de acuerdo a errores en el dictamen del fallo, al concluir que “la falladora no examinó circunstancias favorables”.
De acuerdo al Acta 136 del 19 de agosto de 2025 emitido por la Sala Penal del Tribunal, la defensa del exmandatario expresó que la decisión del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá habría incurrido en violaciones a los derechos fundamentales del acusado, en cuyo caso daría lugar a objetar “la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos” y “evitar la percepción negativa de la sociedad” como argumentos ambiguos y motivados por “populismo punitivo”.
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La determinación final del Tribunal resolvió que Uribe no habría cometido los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Exceptuando a la magistrada Oviedo, quien salvó su voto a favor de su absolución, los magistrados Merchán y Ossa excluyeron pruebas, como el testimonio del testigo clave del caso Juan Guillermo Monsalve, mismas que si tuvo en cuenta la jueza Heredia en el fallo que condenó a Uribe Vélez.
Consideraron improcedente del material probatorio las interceptaciones de la Corte Suprema de Justicia a Uribe en 2018, por considerarlas ilegales, en cuyo caso violaron el derecho a su intimidad. También aseveraron que no existían pruebas concluyentes de dolo u órdenes al abogado Diego Cadena en los sobornos comprobados a Juan Guillermo Monsalve u otros exparamilitares, para que cambiaran los señalamientos que habían hecho en contra de Santiago y Álvaro Uribe relacionándolos con la creación del Bloque Metro en Antioquia.
Tras esta nueva decisión, el testimonio de Monsalve, clave para determinar responsabilidades, fue cuestionado por los magistrados, olvidando que, según la primera sentencia de la jueza Sandra Heredia, su declaración era consecuente, sin embargo, determinaron que no se comprobó que sus declaraciones fueran verídicas.
El clima de opinión en Colombia tras la decisión para Uribe
La senadora del Centro Democráctico María Fernanda Cabal aseguró desde su cuenta oficial de YouTube que “Se reivindica el buen nombre del mejor presidente en los últimos cien años (…) Uribe pondrá presidente”. A su declaración se suma Paloma Valencia, quien desde la sesión del 22 de octubre señaló “celebrar que la justicia haya enderezado un fallo que a todas luces tenía problemas”.
Sin embargo, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda y las otras víctimas del caso anunciaron casación en última instancia, acto que conduciría la sentencia nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. En la misma plenaria del Senado, Cepeda abordó su intervención desde la premisa de “poner las cosas en su lugar”, indicando que Uribe es el primer presidente de la República condenado por la justicia. Acto seguido, reiteró que la condena de Diego Cadena y su relación “bastante insinuosa” conducían a entender que Álvaro Uribe tenía responsabilidad en el caso.
Adicional a la intervención de Cepeda donde reiteró sobre “un largo litigio que va a continuar (…) porque hay otras instancias”, calificando el hecho de “impunidad”, el abogado defensor de las víctimas del caso, Miguel Ángel del Río, a través de su cuenta oficial en YouTube no tardó en explicar el nuevo rumbo del caso.
Del Río dijo que aunque “Álvaro Uribe le huyó a la Corte Suprema de Justicia (…) y será la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia la que establezca si se le da desarrollo a esa responsabilidad penal o no, frente a lo que vamos a solicitar y construir”, también invitó a respetar el poder judicial.
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