Este martes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, interpuso una grave demanda en contra del Gobierno, en la que revelan informes realizados a sacerdotes excarcelados que afirmaron sufrir abusos mientras estuvieron privados de la libertad durante el periodo administrativo del presidente actual de Nicaragua, José Daniel Ortega.  

En el informe sobre los principales centros penitenciarios del país centroamericano, exhiben que presuntamente las autoridades obligaban a los presos a desnudarse a someterse a interrogatorios extensos, amenazas, prohibición de comunicación e interacción social; aislamiento, oscuridad prolongada y cambios climáticos extremos; acciones que el grupo de expertos consideró “razonable para creer, que estos actos u omisiones constituyen crímenes de lesa humanidad”. 

En el informe, uno de los casos documentados que más llamó la atención es el del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien afirmó ser víctima de los abusos durante el año de su encarcelación. 

Álvarez fue condenado en febrero de 2023 a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria en el marco de las protestas opositoras de 2018. Según sus palabras, fue detenido por denunciar el “ataque sistemático que sufren las instituciones eclesiásticas y la sociedad civil en el país”, igualmente, el obispo, denunció maltratos de las autoridades en contra de los manifestantes y ante este panorama, el presidente Ortega alegó que todas instituciones religiosas estaban promoviendo un golpe de estado en contra de su gobierno. 

El obispo critico de Ortega, fue detenido durante un año de esos 26 de condena; se negó a ser extraditado a Estados Unidos y fue expulsado de Nicaragua; autoridades de El Vaticano lo acogieron y desde entonces continúa denunciando los abusos del mandatario de su nación. 

Este informe radicado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), tiene en el ojo del huracán al mandatario Ortega y a su esposa y vicepresidenta; cifras del informe lo acusan también de ser responsable desde 2018, de 740 ataques contra la iglesia y de la expulsión, destierro y prohibición de entrada a Nicaragua de 176 sacerdotes y monjas.