Redactado por: Elkin Carbonó 

Abelardo de la Espriella ganó la carrera por la Presidencia de Colombia, convirtiéndose en el nuevo mandatario del país tras imponerse por un margen muy cerrado en el preconteo y abrir una nueva etapa política marcada por desafíos en materia económica, social y de seguridad.

Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia de Colombia

La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia marca la llegada a la Casa de Nariño de una de las figuras más reconocidas del ámbito jurídico nacional. Durante más de dos décadas desarrolló una carrera como abogado penalista y construyó una amplia presencia mediática, desde donde fijó posiciones sobre la coyuntura nacional. 

Su llegada al poder se produce en un contexto marcado por retos económicos y sociales, con una inflación cercana al 5 %, un desempleo alrededor del 9 % y una pobreza monetaria que afecta a cerca de 22 millones de colombianos, de acuerdo a cifras del DANE y el Banco de la República.

De la Espriella construyó una carrera pública presentándose como un «outsider» político, una imagen que le permitió dar el salto a la Presidencia de la República. Su trayectoria estuvo acompañada por una fuerte presencia en medios de comunicación y redes sociales.

Su llegada a la Presidencia se produjo después de varios años de participación en el debate público nacional, en el que se convirtió en una de las voces más visibles de oposición al gobierno de Gustavo Petro. 

La elección del abogado representa uno de los cambios políticos más llamativos de los últimos años, al tratarse de una figura que construyó buena parte de su reconocimiento fuera de las estructuras tradicionales de los partidos.

Orígenes, familia y formación académica de Abelardo de la Espriella

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero nació en Bogotá, pero a los dos años se trasladó a Montería, Córdoba, donde creció en un entorno de élites ganaderas y redes de poder local. Es hijo de Abelardo de la Espriella Juris, abogado y exmagistrado cercano al expresidente Álvaro Uribe, y María Eugenia Otero Aldana.

Es abogado de la Universidad del Rosario. Inició sus estudios de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y posteriormente obtuvo su título profesional en la Universidad del Rosario.

Su formación de posgrado incluye una especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia y una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario.

Además, en 2012 obtuvo una Maestría en Derecho de la Universidad Nebrija, en España.

A lo largo de su trayectoria profesional también ha recibido reconocimientos académicos, entre ellos un Doctorado Honoris Causa en Derecho otorgado por la Universidad Autónoma del Caribe en 2016 y un Doctorado Honoris Causa Internacional en Derecho concedido por la Federación Iberoamericana de Abogados (FIA) en 2022.

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Los años antes de la política de Abelardo de la Espriella

Mucho antes de aspirar a cargos de elección popular, Abelardo de la Espriella construyó su reconocimiento nacional como abogado litigante. En 2003 fundó De la Espriella Lawyers Enterprise, firma especializada en derecho penal y corporativo, desde donde representó a empresarios, dirigentes políticos y figuras públicas en algunos de los procesos judiciales de mayor repercusión mediática del país.

Entre las décadas de 2000 y 2010 se consolidó como uno de los abogados más visibles de Colombia gracias a su participación en casos de alto perfil y a sus frecuentes intervenciones en medios de comunicación. 

El salto al debate político nacional del abogado

Aunque gran parte de su vida profesional estuvo ligada al ejercicio del derecho, Abelardo de la Espriella también desarrolló una faceta empresarial. En 2003, fundó la firma De la Espriella Lawyers Enterprise, despacho jurídico especializado en derecho penal, corporativo, desde donde representó a empresarios, políticos y figuras públicas en algunos de los casos más mediáticos y controversiales del país.

Con el paso de los años, la firma amplió su presencia nacional e internacional, convirtiéndose en uno de los proyectos empresariales más importantes de su carrera. Paralelamente, participó en inversiones y actividades relacionadas con el sector empresarial.

Su constante presencia en medios de comunicación, redes sociales y conferencias le permitió trascender el ámbito estrictamente jurídico y posicionarse como una voz frecuente en debates sobre la coyuntura nacional. A través de columnas de opinión e intervenciones públicas, fue construyendo un perfil cada vez más cercano a la actividad política.

La decisión de aspirar a la Presidencia surgió después de varios años de participación en la discusión pública nacional. 

Durante el lanzamiento de su proyecto político, De la Espriella señaló que su candidatura respondía a la necesidad de impulsar cambios en materia de seguridad, fortalecimiento institucional y crecimiento económico. 

Con ese discurso, el abogado dio el salto definitivo de los estrados judiciales a la competencia electoral, buscando trasladar sus propuestas al escenario del gobierno nacional.

Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella centró buena parte de su discurso en temas relacionados con la seguridad, la autoridad institucional y la recuperación de la confianza en el Estado. Su propuesta política estuvo orientada hacia sectores del electorado preocupados por temas de seguridad nacional.

A lo largo de la campaña recorrió distintas regiones del país promoviendo un mensaje enfocado en la necesidad de recuperar la seguridad ciudadana y fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del Estado. Su candidatura logró consolidar apoyos provenientes de diversos sectores políticos y ciudadanos.

Uno de los elementos que marcó su estrategia electoral fue el trabajo de la firma de consultoría política Estrategia & Poder, liderada por el estratega Carlos Suárez, quien estuvo al frente del diseño de la narrativa y la comunicación de la campaña presidencial.

La campaña logró proyectar a De la Espriella como una figura ajena a las estructuras políticas tradicionales y presentó su candidatura como una alternativa de renovación dentro del panorama electoral colombiano.

El componente digital se convirtió en uno de los aspectos más visibles del proyecto político, permitiéndole alcanzar una amplia exposición en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y X durante la contienda presidencial.

Principales propuestas de gobierno

Seguridad Democrática 2.0 y megacárceles: propone una doctrina punitiva de «mano dura» inspirada en Nayib Bukele para reclamar el control total del territorio nacional en un plazo de 90 días. El eje central es la construcción de 10 megacárceles de máxima seguridad para el confinamiento masivo de criminales y la supresión de beneficios penales para reincidentes.

Estabilización del sistema de salud: ante lo que denomina una «crisis humanitaria», plantea un plan de choque de $10 billones para estabilizar el sistema en sus primeros 90 días de gobierno.

Esta medida busca garantizar el pago a profesionales de la salud, la entrega de medicamentos y realizar auditorías trimestrales estrictas a las EPS sobre el uso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)

Austeridad radical y reducción del Estado: su programa económico busca un ajuste fiscal inicial de aproximadamente $70 billones. Propone reducir el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte mediante la fusión o eliminación de ministerios y agencias redundantes, con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico anual del 7%.

Lucha frontal contra el narcotráfico: el candidato se compromete a destruir las 330.000 hectáreas de cultivos de coca utilizando todas las herramientas legales, incluyendo la fumigación aérea con bioherbicidas y el uso de drones. Además, propone retomar los bombardeos aéreos contra campamentos de grupos armados.

Programa «País de Propietarios»: busca democratizar el acceso a la propiedad privada mediante la creación de créditos hipotecarios con condiciones excepcionales, ofreciendo tasas de interés del 2% a 30 años de plazo para que los colombianos puedan adquirir vivienda propia

Controversias y cuestionamientos

A lo largo de su trayectoria profesional y pública, Abelardo de la Espriella ha estado involucrado en diversas controversias que han acompañado tanto su ejercicio como abogado como su incursión en la política. 

Uno de los episodios más conocidos está relacionado con el empresario David Murcia Guzmán, fundador de DMG, quien ha formulado señalamientos contra el abogado por hechos ocurridos durante su representación jurídica. Estas acusaciones han sido objeto de debate público y de actuaciones ante distintas instancias.

También han surgido cuestionamientos por su relación con la Fundación Iniciativas para la Paz (FIPAZ) y por presuntos vínculos con figuras relacionadas con el paramilitarismo, entre ellas el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso. De la Espriella ha rechazado los señalamientos que lo vinculan con actividades ilegales.

Otra de las controversias ha estado relacionada con procesos judiciales promovidos contra periodistas y medios de comunicación. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han señalado que varias de estas acciones podrían constituir una forma de presión judicial, mientras que el abogado ha sostenido que se trató de mecanismos legítimos para defender su buen nombre. 

Adicionalmente, sus detractores han señalado cambios en algunas de sus posiciones políticas a lo largo de los años, particularmente en asuntos relacionados con el proceso de paz, la religión y la política de seguridad en el país. 

Los retos que enfrentará como presidente

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia abre una nueva etapa para la política colombiana en medio de importantes desafíos económicos, sociales y de seguridad. 

Según cifras del DANE, cerca del 28% de la población se encuentra en condición de pobreza monetaria, mientras que la informalidad laboral afecta a más del 55 % de los trabajadores. A esto se suma una tasa de desempleo cercana al 9 % y una economía que creció alrededor del 2,6 % en 2025, según los datos del DANE divulgados en febrero de 2026. 

Entre los principales retos que enfrentará se encuentran la seguridad ciudadana, la lucha contra estructuras criminales, la recuperación económica y la generación de empleo. 

Según los informes de la Defensoría del Pueblo, los grupos armados ilegales tienen presencia en 790 municipios de Colombia, lo que equivale a un alarmante 71% del territorio nacional.

Además, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó más 253.000 hectáreas sembradas con coca, una extensión cultivada equivalente a unas 354.000 canchas de fútbol, una superficie superior a la del departamento de Risaralda. 

También deberá construir relaciones con el Congreso, las altas cortes, los gobiernos regionales y los distintos sectores políticos del país para sacar adelante sus iniciativas. La capacidad de articular consensos será uno de los factores determinantes para el éxito de su administración, especialmente en un país con más de 52 millones de habitantes y profundas brechas sociales y económicas entre las diferentes regiones.

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Redactado por Joseph D. Chacón Q.

Contexto: las cifras que encienden las alarmas

Los informes del Ministerio de Defensa Nacional con corte a abril de 2026, comparados con el mismo período de 2025, muestran un comportamiento mixto pero con tendencias preocupantes. El homicidio intencional pasó de 4.426 a 4.545 casos, lo que representa un incremento del 3%. Más alarmante aún es el aumento de las masacres: los casos pasaron de 26 a 42 (62% más).

El secuestro aumentó 9% y el secuestro simple se disparó un 38% (de 37 a 51). La extorsión creció 9%, de 3.640 a 3.977 casos, mientras que la violencia intrafamiliar aumentó 14%, de 43.289 a 49.507.

Las desmovilizaciones del ELN se desplomaron de 43 a 8 (-81%), lo que sugiere un fortalecimiento o una menor disposición al abandono de las armas por parte de ese grupo.

Frente a este panorama, los candidatos presidenciales Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) han presentado propuestas que, según los académicos consultados, representan dos paradigmas diferentes de Estado y de sociedad.

El paradigma de la desregulación y el orden militar

La primera de las visiones en disputa propone una reducción significativa del aparato estatal, un endurecimiento de las penas y una ofensiva militar frontal contra el crimen organizado. Este enfoque, impulsado por uno de los candidatos (Abelardo de la Espriella), plantea eliminar ministerios, recortar la burocracia en una cuarta parte, aplicar un ajuste fiscal de 70 billones de pesos y acelerar licencias ambientales y consultas comunitarias para dinamizar la inversión privada. En materia de seguridad, la propuesta incluye la creación de un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción dirigido directamente por el presidente, la construcción de megacárceles, el aumento de penas para delitos menores y una ofensiva militar contundente en los primeros 90 días de gobierno, inspirada en modelos aplicados en El Salvador y Chile.

Foto: The New York Times

Ricardo Ernesto Nope Arias, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia, somete esta propuesta a un riguroso examen. “La conciliación de una propuesta que busca encoger la presencia institucional en los territorios no puede ser posible contra una criminalidad que, de una u otra forma, ha permeado todos los escenarios de la cotidianidad en Colombia”, afirmó. Nope señala una contradicción de fondo: “reducir el Estado en un 40% es inviable porque una parte significativa del gasto público es inflexible, es decir, está destinada por ley o mandato constitucional a sectores como educación, salud, defensa y justicia”.

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El profesor de la Universidad Nacional de Colombia también critica el trasplante mecánico de modelos extranjeros. “Cuestiones como la incorporación de invenciones tecnológicas, la construcción de megacárceles y el aumento de penas para delitos menores no son una solución viable en un país con un conflicto armado de más de 70 años y con una realidad distinta a la de algunos países latinoamericanos como El Salvador o Chile, de los cuales De la Espriella ha copiado su propuesta”, advirtió. Además, que una “ofensiva militar y policial agresiva contra el crimen” podría tener el efecto contrario al deseado: “daría como resultado una menor legitimidad para la opinión pública de los aparatos estatales de seguridad, como pueden ser las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales o las agencias de inteligencia”.

Delsar Roberto Gayón Tavera —Comunicador Social-Periodista, Magíster en Estudios Culturales con distinción, Doctor en Teoría Crítica y Doctor en Comunicación Política— ofrece una perspectiva más histórica y menos polarizada. Gayón reconoció que “nunca ha habido una presencia institucional en todos los municipios y territorios de Colombia” por múltiples razones: la geografía accidentada, la capacidad de los grupos ilegales para reorganizarse y trabajar con el tejido local mediante intimidación, complicidad o seducción económica. “Así es muy difícil esa cobertura institucional, tanto en términos de seguridad como en términos de inversión social”, añadió.

Sin embargo, Gayón no eximió de responsabilidad al actual gobierno. “El aumento de las cifras en los últimos tres o cuatro años definitivamente tiene que ver con la ausencia de una estrategia de seguridad del actual gobierno. Parece que pensó más en una estrategia de paz que en una estrategia de seguridad. Eso ha sido un caldo de cultivo para una reorganización y un empeoramiento de los diferentes grupos armados ilegales.” Para el docente, ni el punitivismo (corriente ideológica y político-criminal que concibe el castigo penal como la herramienta principal, o incluso la única, para resolver problemas sociales, reducir la criminalidad y lograr la justicia), ni la paz sin control funcionan: “Hemos caído en extremos: unos por solo tener presencia de seguridad, pensando que pueden dominar hasta el último delincuente y encarcelarlo; y los otros, porque creen que solo con una política de paz se podría solucionar el problema”.

El paradigma de la seguridad humana y la transformación territorial

La segunda visión en disputa parte de una premisa diferente: la seguridad no puede lograrse únicamente con armas y cárceles, sino que requiere atacar las causas estructurales de la violencia: la pobreza, la desigualdad, la concentración de la tierra y la falta de oportunidades. Este enfoque, propuesto por Iván Cepeda, se concreta en la llamada “Seguridad Humana”, que articula la protección de la vida con políticas sociales, participación comunitaria y un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico. Sus ejes incluyen la regulación del cannabis industrial, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, la erradicación de la aspersión con glifosato y, sobre todo, la “Revolución Agraria”: acceso universal al agua potable, construcción de vías terciarias, democratización de la tierra y restitución a víctimas del desplazamiento forzado.

Foto: Radio Nacional de Colombia

Tras explicar brevemente en qué consiste la “Gran Revolución de Desregulación” del candidato Abelardo de la Espriella. “Una reducción drástica de la burocracia estatal y un recorte significativo no solo de ministerios sino también de entidades públicas” habló ,Ricardo Nope, concluyó que “el enfoque económico que tiene más probabilidades de desactivar las economías ilegales es la revolución agraria planteada por Cepeda. Es un compromiso abierto de integrar a todo el país desde el cumplimiento del compromiso que se tiene con la justicia rural y el acuerdo de paz del año 2016”.

El profesor de la Universidad Nacional de Colombia aportó un dato estructural que respalda su análisis: “Colombia es un país donde el 1% de los mayores propietarios de tierra controlan el 80% de la tierra posible a trabajar”. Y enumeró las medidas concretas que, a su juicio, pueden reducir la dependencia de economías ilegales: “la compra directa de tierras por parte del Estado, la recuperación de baldíos ocupados de manera irregular, la formalización de propiedades, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la reforestación forzada natural”. Mencionó regiones críticas como Catatumbo (Norte de Santander y sur del César), Tumaco (costa pacífica), Arauca, Caquetá, Guaviare y Putumayo como laboratorios donde este enfoque podría mostrar resultados tangibles.

Delsar Gayón, por su parte, no se alineó explícitamente con la propuesta de Cepeda, pero valoró el Acuerdo de Paz de 2016 como un hito ineludible. “Ese acuerdo de paz se convirtió en una buena síntesis de un país y de una hoja de ruta que necesitaba Colombia”, afirmó. Sin embargo, lamentó que “en la polarización no hubo una continuidad sistemática que desarrollara ese acuerdo”. El doctor en Comunicación Política también reconoció que la llegada del primer gobierno progresista y el hecho de que el Congreso tenga ahora mayorías progresistas “es una construcción histórica que hay que analizar, porque la ciudadanía es la que elige y hace una apuesta por esa ruta progresista. Eso no se puede descartar”.

No obstante, Gayón señala una debilidad comunicativa y conceptual del progresismo: “Esta propuesta (la de Cepeda) no se entiende mucho en Colombia, no se sabe explicar, y en estos cuatro años ha quedado profundamente herida y en descrédito por los escándalos de corrupción y todo lo que ha pasado en este gobierno”. Advirtió que la socialdemocracia —modelo que atribuye a Cepeda— “tiene otros matices que todavía están pendientes de comprender, de discutir y sobre todo comunicar para que todos los ciudadanos entiendan a qué se refiere. También ha fallado la comunicación en la línea progresista”.

El nudo: corrupción y seguridad, dos caras de una misma moneda

Tanto Nope como Gayón coincidierón en que la corrupción no es un tema periférico, sino que está íntimamente ligada a la seguridad. La captura institucional por redes clientelares y mafiosas desvía recursos que deberían destinarse a policía, justicia, educación y desarrollo territorial, y además erosiona la confianza ciudadana en el Estado, debilitando su legitimidad para actuar contra el crimen.

Foto: IStock

Nope explicó que la corrupción en Colombia persigue dos formas: “bien sea por una investigación penal de delitos, pero también a través de un control disciplinario y fiscal de los recursos públicos”. Mencionó que las instituciones clave (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Auditoría, Corte Suprema, veedurías ciudadanas) y señala cuatro factores que la alimentan: “la habilidad de otros ciudadanos del Estado, el clientelismo, el narcotráfico y la cultura de incumplimiento de normas que tenemos como parte de nuestra idiosincrasia”.

Al comparar a los dos candidatos, el profesor de la Universidad Nacional de Colombia es claro: “Abelardo de la Espriella trata esta cuestión bajo una perspectiva muy superficial y no ve el trasfondo de estos problemas. Iván Cepeda trata estos mismos problemas bajo una perspectiva muy profunda, aborda mejor el trasfondo del asunto: narcotráfico, corrupción, seguridad y más cuestiones que hacen parte de este entramado”.

Para Nope, si se busca una visión de “mano dura” con resultados rápidos, “el bloque de búsqueda contra la corrupción es la mejor opción, porque ataca las cabezas visibles de la corrupción para que la persona del común se sienta más segura y más confiada en los resultados que da el presidente”. Pero si se prefiere una visión “más integradora, más compleja, más socializada, en la que los resultados serán visibles de forma más demorada”, entonces “la estrategia del Sistema Nacional contra la Macrocorrupción incide de manera más efectiva en cuanto a la seguridad de la persona colombiana. Primero, porque ataca las grandes redes y entramados, y segundo, porque permite contrarrestar las dos grandes problemáticas del país —seguridad y corrupción— de la mano”.

Gayón, en lugar de tomar partido por uno u otro candidato, propusó una reflexión más amplia. Recuerda que la Universidad Externado de Colombia publicó tomos sobre corrupción y preguntas éticas que “no tuvieron la resonancia que debían”. Propusó tres vías: continuar el debate nacional sobre ética pública; hacer valer los mecanismos de participación ciudadana de la Constitución de 1991 (rendición de cuentas, revocatoria del mandato, cabildos abiertos, etc.); y reformar la formación ética en las universidades, porque “hace unas décadas los rectores de las principales universidades se reunieron muy preocupados porque salían los grandes corruptos de sus universidades, igual que los grandes gobernantes”.

Su advertencia final es grave: “Si este gobierno que entra, sea de la corriente política que sea, no le pone un freno a la corrupción, este país se termina de fracturar completamente. El desencanto de la política puede ser peor que si en estas últimas elecciones llegamos al 57% del censo electoral que salió a votar, que ya es de por sí bajo. Si hay un desencanto mayor, la democracia y los mecanismos electorales van perdiendo cada vez más valor y ese descrédito podría terminar en unos impactos sociales muy fuertes para el país”.

El desafío de una estrategia integral

Más allá de las diferencias ideológicas entre los dos candidatos, ambos académicos coincidierón en que no existen soluciones mágicas ni recetas importables. Ricardo Nope insiste en que la seguridad no puede lograrse reduciendo el Estado, sino fortaleciendo su presencia en territorios históricamente abandonados. Delsar Gayón, tras señalar una pregunta que considera abierta —“¿cuál es la verdadera autonomía que tiene el Ejecutivo en Colombia?”—, concluyó que el poder central en Colombia lo tiene el Congreso más que el presidente, y que cualquier estrategia de seguridad deberá pasar por el filtro legislativo, los organismos de control y las cortes.

Foto: DW.com

El doctor en Comunicación Política pidió al próximo presidente, “sea de la corriente que sea, un ánimo menos confrontador, menos provocador, que abra un diálogo nacional y sea más dialógico con la institucionalidad, el sector productivo —que es una fuerza histórica en Colombia— y también con toda la fuerza del activismo social, los movimientos sindicales y estudiantiles”. Y lanzó un último llamado a la prensa: “Que no pierda el sentido profundamente crítico que tuvo con el actual gobierno. Que sin importar la fuerza política que sea, mantengan esa actitud crítica como la tuvieron con este gobierno. Así tengan compromisos económicos con algunos sectores”.

Mientras las cifras de homicidios, masacres, secuestro y extorsión siguen su curso, Colombia se enfrenta a una elección que definirá no solo quién ocupa el Palacio de Nariño, sino bajo qué concepción de Estado —fuerte en lo social o reducido en su tamaño, dialogante o punitivo, transformador o estabilizador— se intentará resolver la ecuación más antigua y compleja del país: cómo garantizar la vida y la tranquilidad de sus ciudadanos en un territorio fracturado por décadas de violencia, economías ilegales y una corrupción que, como advierte Gayón, amenaza con romper definitivamente el pacto democrático. La respuesta, coinciden los académicos, no vendrá de un solo candidato ni de una sola elección, sino de la capacidad colectiva de construir acuerdos duraderos que trasciendan los ciclos electorales y las personalidades de turno.

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Redactado por Joseph D. Chacón Q.

¿Por qué está prohibido usar el celular para fotografiar el tarjetón?

La razón es la compra de votos. Si una persona interesada en manipular el resultado le pide al votante que le envíe una foto del celular al tarjetón marcado, quien financia la operación tiene la certeza de que la persona votó por el candidato de su interés y puede proceder a pagarle. Este mecanismo anula la libertad del elector y corrompe la esencia del sufragio. La Registraduría ha sido clara: el secreto del voto es un principio fundamental del sistema electoral colombiano. No se puede demostrar por quién votó una persona, ni siquiera voluntariamente.

Foto: Caracol Radio

De acuerdo con la entidad, la restricción no es una recomendación informal, sino una disposición respaldada por normas oficiales expedidas por el Gobierno nacional para mantener el orden público durante las elecciones. “Durante la jornada electoral, no podrán usarse, dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.”, establece el artículo 11 del Decreto 430 de 2018. La medida fue ratificada posteriormente en otras disposiciones como el Decreto 847 de 2018, el Decreto 318 de 2022 y el reciente Decreto 211 de 2026, normas que continúan vigentes para regular el comportamiento dentro de los puntos de votación.

Las únicas excepciones en las que se puede usar el celular

La normativa permite tres casos puntuales en los que se podrá utilizar el dispositivo. La primera excepción es la más frecuente: mostrar la cédula digital. Los ciudadanos que hayan tramitado este documento podrán usar su celular para exhibir la imagen ante los jurados de votación, pero nada más. En ese momento, el dispositivo debe ser apagado o guardado nuevamente.

La segunda excepción es para los medios de comunicación y funcionarios del Ministerio Público. Periodistas debidamente identificados y miembros de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y personerías podrán usar celulares, cámaras y equipos de grabación durante toda la jornada. Sin embargo, solo podrán hacerlo en las zonas permitidas, nunca dentro de los cubículos de votación.

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La tercera excepción aplica para testigos y observadores electorales a partir de las 4:00 p. m. Una vez cerradas las urnas, estas personas acreditadas podrán usar sus celulares para supervisar el escrutinio y realizar el seguimiento al conteo de votos. Antes de esa hora, deben mantener sus dispositivos apagados.

¿Qué pasa si alguien incumple la prohibición del celular?

Aunque no existe una multa específica establecida únicamente por fotografiar el tarjetón, las autoridades sí tienen la facultad de intervenir cuando un ciudadano incumple la norma. Entre las medidas que podrían adoptarse están llamados de atención, el retiro temporal del dispositivo móvil e incluso la expulsión del puesto de votación si la conducta persiste. Además, si las autoridades consideran que el hecho podría estar relacionado con delitos electorales como compra de votos o constreñimiento al sufragante, la situación podría derivar en investigaciones judiciales más graves.

Las autoridades electorales insistieron en que el objetivo principal de estas medidas es preservar la transparencia del proceso democrático y evitar cualquier práctica que pueda poner en riesgo la libertad del elector al momento de votar. En caso de ser descubierto realizando esta acción, el ciudadano será reportado ante la mesa de justicia – conformada por miembros de Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, CNE y Policía – que se encuentra en cada puesto electoral. Estos serán los encargados de tramitar una denuncia que podría representarle sanciones o investigaciones.

La Registraduría y la Procuraduría refuerzan el llamado

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación emitieron un comunicado conjunto en el que reiteraron la prohibición y pidieron a los ciudadanos acatar estrictamente las disposiciones. “La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación hacen un llamado a los ciudadanos y a los demás actores del proceso electoral para que acaten estas disposiciones, con el propósito de garantizar unas elecciones íntegras, transparentes y confiables”, puntualizó el comunicado.

Además, se pidió a los ciudadanos verificar con anterioridad el puesto, la dirección y la mesa de votación para ejercer su derecho al voto, con el fin de no retrasar el ingreso a los centros habilitados para este fin. La medida busca reforzar la transparencia electoral y prevenir delitos como la corrupción de sufragante y el tráfico de votos, teniendo en cuenta que en la primera vuelta se difundieron gran cantidad de denuncias en las redes sociales, en las que los ciudadanos afirmaban que se estaban comprando votos.

La única excepción para mostrar la cédula digital

La normativa, establecida por decreto de orden público, responde a la necesidad de prevenir actos ilegales durante el proceso electoral y “tiene como finalidad evitar la materialización de delitos electorales como la corrupción de sufragante y el tráfico de votos, contenidos en los artículos 390 y 390A del Código Penal colombiano”.

Entre los ciudadanos, la única autorización es mostrar la cédula digital al identificar ante el jurado de votación, por lo que queda prohibida cualquier grabación o toma de imágenes desde los cubículos o áreas de votación antes de las 4:00 p. m. Los medios de comunicación identificados y los funcionarios del Ministerio Público en funciones de vigilancia podrán emplear dispositivos en todos los demás casos, se mantiene la prohibición hasta el cierre de la jornada.

El objetivo: proteger la democracia

Las autoridades insisten en el cumplimiento estricto de estas disposiciones por parte de los ciudadanos y los actores electorales, reiterando que el respeto a las reglas fortalece las elecciones íntegras y limita cualquier interferencia tecnológica indebida. Acatar la restricción y sus excepciones protege la integridad del proceso, favorece un ambiente de confianza y respalda el carácter legítimo de los resultados democráticos.

La Registraduría también aclaró que los testigos y observadores electorales acreditados pueden utilizar celulares y cámaras en los sitios de votación a partir de las 4:00 p. m., cuando cierran las urnas y se inicia el escrutinio. Esta autorización facilita la labor de vigilancia y control por parte de aquellos que supervisan el conteo y el desarrollo de la jornada, preservando la privacidad del voto antes de ese horario y reforzando la confianza en la transparencia del proceso electoral.

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Redactado por: Elkin Carbonó

La polarización política se ha convertido en uno de los principales fenómenos que marcan la campaña presidencial de 2026 en Colombia. La primera vuelta electoral entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella refleja una creciente división política y emocional dentro de la sociedad.

La polarización política: un fenómeno estudiado por la academia

La polarización política es un fenómeno en el que la opinión pública se aleja del centro ideológico y se agrupa hacia los extremos opuestos, dividiendo a la sociedad en facciones irreconciliables. Bajo esa definición, el debate público se organiza en torno a emociones, identidades y conflictos, que son capitalizados por los candidatos.

Los investigadores Shanto Iyengar, Yphtach Lelkes y Sean Westwood han desarrollado estudios sobre la denominada “polarización afectiva”, un concepto que describe cómo los ciudadanos no solo se identifican con una postura política, sino que también desarrollan sentimientos de rechazo hacia quienes apoyan opciones contrarias. 

En el artículo The Origins and Consequences of Affective Polarization in the United States (2019), los autores concluyeron que las diferencias partidistas pueden convertirse en identidades sociales capaces de influir en las relaciones personales, la confianza institucional y la percepción de los adversarios políticos.

Por su parte, el politólogo Morris Fiorina, en su libro Culture War? The Myth of a Polarized America (2005), argumentó que la polarización suele ser más visible entre las élites políticas que entre la ciudadanía en general. 

Según su análisis, los líderes partidistas tienden a adoptar posiciones más extremas que el promedio de los votantes, contribuyendo a la percepción de una sociedad profundamente dividida.

En el contexto de Colombia, la polarización política ha sido objeto de estudio por parte de investigadores de la Universidad de los Andes, que identificaron en el informe Política y polarización en Colombia que el proceso de paz con las FARC y el plebiscito de 2016 marcaron un punto de inflexión en la conformación de bloques políticos cada vez más distantes. 

La polarización en la campaña presidencial de 2026

La contienda presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ha puesto nuevamente el fenómeno de la polarización en el centro del debate público.

Tras la primera vuelta presidencial, el escenario político colombiano quedó dividido entre dos proyectos con visiones diferentes sobre temas fundamentales para el país. 

Mientras la campaña de Iván Cepeda ha defendido propuestas relacionadas con reformas sociales, fortalecimiento de programas estatales y continuidad de algunos cambios impulsados durante los últimos años, Abelardo de la Espriella ha centrado su discurso en temas como seguridad, fortalecimiento institucional, crecimiento económico y reducción de gastos estatales.

Estas diferencias programáticas han generado un debate intenso entre los seguidores de ambas campañas, especialmente en redes sociales. 

Foto: IA

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La polarización afectiva y el voto emocional

Uno de los conceptos más utilizados actualmente para explicar los procesos electorales es el de polarización afectiva.

Según las investigaciones de Iyengar y otros académicos de Stanford University, este fenómeno ocurre cuando las personas desarrollan vínculos emocionales con determinados sectores políticos y sentimientos de rechazo hacia quienes apoyan opciones distintas.

En estos escenarios, los votantes pueden tomar decisiones no solamente por afinidad con un programa de gobierno, sino también por oposición a un candidato o movimiento político rival.

Este fenómeno puede observarse en la actual campaña presidencial colombiana, donde buena parte del debate gira más en torno a las diferencias entre los proyectos políticos de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella que a las propuestas concretas de cada candidato.

La consecuencia es que algunos ciudadanos terminan definiendo su voto a partir de percepciones emocionales o narrativas de confrontación, más allá de las propuestas concretas de gobierno.

Redes sociales y amplificación de la polarización

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales escenarios del debate político contemporáneo. Plataformas como Facebook, X, Instagram y TikTok permiten una circulación inmediata de información, opiniones y contenidos electorales, transformando la manera en que los ciudadanos consumen noticias y participan en la discusión pública.

El impacto de estas plataformas en la polarización política ha sido estudiado por diversos centros académicos. Una de las investigaciones más citadas es Exposure to Ideologically Diverse News and Opinion on Facebook, publicada en la revista científica Science por los investigadores Eytan Bakshy, Solomon Messing y Lada Adamic.

El estudio concluyó que tanto los algoritmos como las decisiones de los propios usuarios influyen en la exposición a contenidos políticos afines, reduciendo en algunos casos el contacto con opiniones diferentes. 

En el marco de las elecciones presidenciales colombianas de 2026, la campaña entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ha tenido en las redes sociales su principal campo de batalla. Videos, transmisiones en vivo, publicaciones virales y debates de opinión en TikTok circulan diariamente entre millones de usuarios, convirtiendo estos espacios en uno de los principales escenarios de confrontación electoral.

¿Es negativa la polarización?

Desde la perspectiva académica, la polarización no siempre es considerada un fenómeno exclusivamente negativo. La existencia de diferencias ideológicas forma parte de cualquier sistema democrático y permite que los ciudadanos elijan entre distintas alternativas políticas.

Sin embargo, investigadores como Lilliana Mason advierten que cuando las divisiones políticas se convierten en conflictos emocionales profundos, pueden surgir dificultades para la convivencia democrática, el diálogo y la construcción de consensos.

En esos casos, los ciudadanos dejan de debatir únicamente ideas o propuestas y comienzan a percibir a sus adversarios políticos como amenazas permanentes.

Un fenómeno que marcará la segunda vuelta

A pocas semanas de la elección definitiva, la polarización se mantiene como uno de los elementos centrales de la campaña presidencial colombiana.

La disputa entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no solo representa una competencia electoral por la Presidencia de la República. También refleja la existencia de visiones distintas sobre el rumbo político, económico y social del país.

Los expertos coinciden en que el resultado de la segunda vuelta dependerá en gran medida de la capacidad de ambos candidatos para movilizar votantes y con ello atraer sectores independientes y convencer a quienes aún no han tomado una decisión.

Mientras tanto, la polarización continuará siendo una de las palabras más repetidas en el debate público colombiano, un concepto que la academia lleva décadas estudiando y que hoy ocupa un lugar protagónico en la discusión sobre el presente y el futuro de la democracia en Colombia.

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Redactado por Joseph D. Chacón Q.

El orden de las casillas en el tarjetón de segunda vuelta

El tarjetón de la segunda vuelta mantendrá el mismo orden que tuvo en la primera vuelta, según establece la Ley 163 de 1994. Esto significa que Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué ocuparán la casilla número uno (lado izquierdo de la papeleta), mientras que Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo estarán en la casilla número dos (centro), y el voto en blanco ocupará la casilla número tres (lado derecho).

Foto: Risaraldahoy.com

La Registraduría aclaró que no fue necesario realizar un nuevo sorteo para definir esta disposición. «El orden de las dos fórmulas será el mismo obtenido en el sorteo realizado el 25 de marzo, mediante el cual se definió la posición de los candidatos en la tarjetón de la primera vuelta», explicó la entidad encabezada por Hernán Penagos.

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La decisión de mantener el orden se tomó en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 163 de 1994, que establece que la posición de los candidatos en la papeleta debe conservarse durante todo el proceso electoral. Esto evita confusiones entre los votantes y garantiza la estabilidad del formato del tarjetón entre ambas vueltas.

La logística de impresión y distribución del tarjetón

La Registraduría informó que la impresión del nuevo tarjetón y su distribución comenzará en las próximas horas. Serán más de 41 millones de tarjetones los que serán distribuidos por todo el país, una cifra que refleja la magnitud del operativo logístico que implica cada elección presidencial en Colombia.

El registrador Hernán Penagos destacó que «no se trata solamente de la institución sino de las millones de personas que hacen parte de este proceso y que ayudan a que todo se desarrolle correctamente». El funcionario se refirió específicamente al trabajo de los jurados de votación, quienes serán los mismos que participaron en la primera vuelta del 31 de mayo.

Penagos resaltó la agilidad con la que los jurados contaron los votos en la primera vuelta. «Esa agilidad de los jurados de votación fue la que permitió que el preconteo se pudiera llevar a cabo con precedentes que no existían, con una velocidad muy alta», afirmó. Esto permitió que el escrutinio por parte de los jueces de la República se desarrollará «de manera ordenada y seria», y que el Consejo Nacional Electoral pudiera declarar los resultados con celeridad.

Cómo votar correctamente en el tarjetón y evitar que el voto sea anulado

La Registraduría emitió una serie de instrucciones claras para que los ciudadanos marquen correctamente el tarjetón y su voto sea válido. La principal advertencia es que no se puede marcar más de una casilla. De lo contrario, el voto será anulado, sin importar partidos ni orientaciones políticas.

Además, el votante no puede salirse del recuadro en el que está la imagen de su candidato elegido para presidente. Debe marcar con una X dentro del recuadro. La entidad también recordó que los ciudadanos pueden llevar su propio lapicero, esfero o marcador a la urna, lo que brinda mayor comodidad al momento de sufragar.

En total, el tarjetón de segunda vuelta contiene tres opciones: dos corresponden a las fórmulas presidenciales de Iván Cepeda (casilla 1) y Abelardo de la Espriella (casilla 2), y la tercera opción es el voto en blanco (casilla 3). Cualquier marca fuera de estos recuadros o marcas múltiples invalidará el sufragio.

Fechas clave y preparativos para la jornada electoral

La segunda vuelta presidencial está convocada para el domingo 21 de junio de 2026. Las urnas abrirán a las 8:00 a.m. y cerrarán a las 4:00 p.m. en todo el territorio nacional. Los ciudadanos que se encuentren en la fila antes de la hora de cierre podrán ejercer su derecho al voto.

El registrador Penagos informó que las comisiones escrutadoras serán asignadas la próxima semana, y en esas mismas fechas habrá nuevas capacitaciones para los jurados de votación y para las comisiones escrutadoras. «Todo está dispuesto, seguimos avanzando en el proceso sin novedades que tengamos que precisar en algún sentido», señaló Penagos, en un tono de tranquilidad sobre la organización de la jornada.

El Consejo Nacional Electoral autorizó que los partidos y campañas políticas puedan tener hasta dos testigos en cada mesa, lo que representa un mayor refuerzo para verificar el conteo de votos y garantizar la integridad del proceso. El presidente del CNE, Cristian Quiroz, fue enfático en que en ningún momento del escrutinio nacional se recibieron reclamaciones por parte de los partidos.

El contexto: cómo quedaron los resultados de la primera vuelta en el tarjetón

La definición de la segunda vuelta se dio luego de que el Consejo Nacional Electoral declarara oficialmente los resultados de la votación del pasado 31 de mayo. En esa jornada, Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos, mientras que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, alcanzó 9,6 millones.

Foto: El País

Ambos candidatos superaron a los otros 12 aspirantes que participaron en la primera vuelta, lo que los llevó a disputar la Presidencia en esta segunda vuelta. El ganador de esta contienda asumirá el cargo para el periodo constitucional 2026-2030.

El registrador Penagos también se refirió a las presuntas irregularidades mencionadas por el presidente Gustavo Petro, y subrayó que «ni los softwares ni el censo electoral fueron modificados el pasado 26 de mayo», en una clara defensa de la transparencia del proceso electoral.

El tarjetón y la participación ciudadana en las elecciones

En la primera vuelta, la participación electoral alcanzó el 58% de los tarjetones dispuestos, lo que representa la participación más alta en la historia electoral de Colombia. Este dato fue destacado por las autoridades como un indicador del compromiso democrático de los ciudadanos.

La Registraduría espera que para la segunda vuelta la participación se mantenga o incluso supere esa cifra, dada la polarización entre los dos candidatos y la relevancia de la decisión que deberán tomar los colombianos.

El registrador Penagos enfatizó que «la jornada del domingo da cuenta de un trabajo articulado, de una ciudadanía con mucha responsabilidad democrática, da cuenta de que el proceso electoral es un proceso de amplia participación ciudadana».

Por su parte, la entidad también recordó que los ciudadanos tienen derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado por votar. Para acceder a este beneficio, deben solicitar el certificado electoral a los jurados de votación inmediatamente después de sufragar. Este certificado también otorga otros incentivos, como descuentos en matrículas de universidades públicas y rebajas en la expedición del pasaporte.

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Redactado por Joseph D. Chacón Q.

Ataque con pintas, objetos contundentes y hurto de propaganda en Chapinero

El hecho ocurrió en la tarde del jueves 21 de mayo en una casa ubicada en la calle 53 con carrera Séptima, en la localidad de Chapinero, uno de los sectores más concurridos del norte de Bogotá. Una decena de personas encapuchadas llegó al lugar y comenzó a lanzar objetos contundentes contra la fachada, lo que provocó la rotura de varios vidrios del primer piso de la edificación. Los agresores también pintaron grafitis en las paredes exteriores y robaron elementos publicitarios de la campaña, incluyendo vallas y afiches de Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

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En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los encapuchados actuaron durante varios minutos mientras los colaboradores de la campaña permanecían al interior de la vivienda, sin poder contener la arremetida por razones de seguridad. Las grabaciones también muestran la presencia de gestores de convivencia del Distrito en las inmediaciones, quienes se limitaron a observar lo que sucedía sin intervenir para impedir el ataque. Algunos de los manifestantes portaban tambores y otros elementos de percusión, y según testigos continuaron desplazándose por la carrera Séptima en medio de una manifestación celebrando lo ocurrido.

Mensajes políticos en las pintas: alusión directa a Iván Cepeda

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el contenido de los grafitis dejados por los agresores. En las paredes de la sede aparecieron mensajes exaltando la figura del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y consignas que pedían su elección como presidente de Colombia. Los encapuchados también dejaron consignas en contra de la candidata opositora y de su partido, el Centro Democrático.

Foto: Agencia de Periodismo Investigativo

La campaña de Valencia relacionó este ataque con otros actos vandálicos ocurridos recientemente en Antioquia, donde simpatizantes del Pacto Histórico pintaron un mural sobre los denominados “falsos positivos” cerca de la vivienda del expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático. El equipo de la campaña advirtió que estas acciones configuran una “peligrosa escalada de odio político” que debe ser rechazada por todos los sectores democráticos del país.

La reacción de la campaña: denuncia por falta de garantías

Desde el equipo de prensa de Paloma Valencia difundieron un comunicado en el que calificaron el ataque como un acto «inaceptable» y advirtieron sobre la gravedad de que estos hechos se presenten a solo diez días de la apertura de las urnas, prevista para el 31 de mayo. «Estos hechos evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia. Es profundamente preocupante que quienes ejercen su actividad política desde la legalidad y la democracia deban enfrentar amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte de sectores radicalizados», señaló el pronunciamiento oficial.

Foto: Centro Democratico

La candidata se trasladó hasta la sede afectada para ponerse al frente de la situación y evaluar personalmente los daños causados. En sus declaraciones a los medios, Valencia insistió en que el Estado debe garantizar condiciones de seguridad para todos los aspirantes presidenciales, independientemente de su afiliación política. El comunicado también responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro, a Iván Cepeda y al Ministerio del Interior por lo sucedido, al considerar que existe un clima de hostigamiento sistemático contra la oposición que no ha sido frenado por las autoridades.

El contexto electoral: antecedentes de agresiones contra la campaña

Este ataque en Chapinero no es un hecho aislado en la campaña de Paloma Valencia. La candidata del Centro Democrático ha denunciado en reiteradas ocasiones que sus instalaciones y colaboradores han sido objeto de hostigamientos en distintas regiones del país. El pasado 1 de mayo, durante una movilización en Bucaramanga, manifestantes vandalizaron su sede política en esa ciudad, pintando mensajes intimidatorios y causando daños en la fachada de unas instalaciones que ya habían sido atacadas en ocasiones anteriores. En Cartagena también se reportaron daños materiales en otra de sus sedes de campaña, lo que encendió las alarmas entre sus colaboradores.

Además de los ataques físicos a sus instalaciones, la senadora ha denunciado amenazas de muerte en su contra. Valencia reveló públicamente que un grupo armado ilegal, identificado como el frente 42 de las disidencias de las Farc, le habría puesto precio a su cabeza con una suma cercana a los $2.000 millones. Ante esta situación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció el refuerzo del esquema de protección de la candidata, aunque desde la campaña consideran que las medidas son insuficientes para garantizar su seguridad y la de sus colaboradores.

Reacciones de las autoridades y llamado a la investigación

El ataque a la sede de campaña de Valencia ocurre en un contexto de creciente polarización política a pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La Policía Metropolitana de Bogotá informó que ha abierto una investigación para identificar a los responsables del ataque y determinar si existen vínculos con estructuras organizadas detrás de estos actos vandálicos.

La Registraduría Nacional y la Misión de Observación Electoral manifestaron su preocupación por la escalada de violencia política en el país y pidieron a todas las campañas y a sus simpatizantes actuar dentro del marco de la ley y el respeto por la diferencia. El llamado de las autoridades se extiende también a los organismos de seguridad del Estado, para que garanticen condiciones de tranquilidad durante los últimos días de campaña y el día de la votación.

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Redactado por Joseph D. Chacón Q.

Su salud y la noticia del fallecimiento

Germán Vargas Lleras, tras varios años de lucha contra un cáncer que reapareció en su cabeza en septiembre de 2025, había viajado a Houston, Texas, para someterse a quimioterapias y reducir un tumor que le impedía participar como candidato presidencial en la contienda de 2026. A inicios de marzo de 2026, presentó un cuadro agudo en su salud que lo llevó a ser ingresado de urgencia en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo en Bogotá. Fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde falleció acompañado de su familia. Aunque su hermano Enrique había dado un parte de tranquilidad semanas antes, mencionando una evolución favorable, su salud se deterioró rápidamente en los últimos días.

Foto: La FM

La trayectoria política de Vargas Lleras

Nacido el 19 de febrero de 1962 en el seno de una de las familias con mayor tradición política del país, Germán Vargas Lleras era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). Graduado como abogado de la Universidad del Rosario, dio sus primeros pasos en la política a los 19 años como concejal de Bojacá, Cundinamarca, dentro del movimiento Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán. Fue concejal de Bogotá y en 1994 llegó al Senado de la República, donde fue elegido durante cuatro periodos y se convirtió en el senador más votado del país en 2006. Presidió el Congreso entre 2003 y 2004 y lideró la Comisión Primera del Senado.

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Los cargos clave que forjaron su legado

El servicio público marcó varias décadas de la vida de Germán Vargas Lleras. Fue uno de los fundadores del partido Cambio Radical, desde el cual ejerció un liderazgo indiscutido. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ocupó las carteras clave del Interior y de Vivienda, desde donde impulsó programas masivos de vivienda e infraestructura públicas. Posteriormente, fungió como vicepresidente de la República entre 2014 y 2017, manteniendo un papel protagónico en la ejecución de obras y pilares del gobierno de la Unidad Nacional. Renunció a la vicepresidencia el 21 de marzo de 2017 para lanzarse como candidato presidencial, siendo su mayor derrota electoral en las elecciones de 2018. También había sido precandidato en 2010, obteniendo entonces cerca de un millón y medio de votos, la tercera votación más alta del país. Su última aparición pública fue en un video difundido el 4 de marzo impulsando las listas legislativas de Cambio Radical, en un momento en que la colectividad sufrió un revés al pasar de 11 curules en 2022 a solo siete en los comicios del 2026.

Foto: Agencia de Periodismo Investigativo

Las reacciones ante el fallecimiento desde todos los sectores

La noticia del fallecimiento de Germán Vargas Lleras generó una ola de reacciones en el espectro político nacional, reconociendo unánimemente su legado y su carácter. El presidente Gustavo Petro, su principal contradictor en años recientes, lamentó su partida en un mensaje: «Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. Lamento que su seriedad en el debate desaparezca». La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó: «Su partida deja un vacío enorme en el corazón de la oposición. ¡Cuánta falta le hará su voz firme a nuestra patria en estos momentos difíciles!». Además, el expresidente Álvaro Uribe se había pronunciado en marzo por su recuperación, refiriéndose a él como un «patriota superior».

El legado y vacío que deja Vargas Lleras

El legado de Germán Vargas Lleras en la política colombiana es vasto y complejo. Su capacidad de ejecución y su conocimiento profundo del Estado lo convirtieron en una figura respetada, a pesar de su controvertido temperamento. Fue recordado especialmente por su defensa de las instituciones, su carácter rudo ante sus contradictores y su faceta humana como abuelo, que quedó retratada en sus redes sociales con recientes imágenes de su nieto Agustín. Varios analistas coinciden en que los opositores lamentan profundamente que su estado de salud le haya impedido participar en la contienda presidencial del 2026, pues era considerado por muchos el estadista con mayor capacidad para enfrentar al gobierno. El abogado dedicó más de cuatro décadas a la vida pública, consolidándose como una de las figuras con mayor capacidad de ejecución en la historia política contemporánea del país. En medio del silencio y la privacidad que pidió su familia, Colombia despide hoy a uno de sus líderes más representativos de la última generación.

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Redactado por Alexandra Barrios

La presencia del pueblo Misak en Bogotá sigue generando tensión en la Capital. Cerca de 800 integrantes de esta comunidad indígena permanecen asentados en el centro de la ciudad luego de las protestas registradas en la sede de la Cancillería, donde exigieron respuestas inmediatas del Gobierno Nacional frente a la crisis que aseguran vivir en sus territorios.

 La protesta tiene como eje principal una disputa territorial que la comunidad considera histórica. Exigen la revisión y anulación de varias resoluciones emitidas entre 2022 y 2024 por la Agencia Nacional de Tierras, al asegurar que fueron tomadas sin consulta previa y favorecieron a otras comunidades vecinas.

Según sus líderes, el conflicto involucra cerca de 9.600 hectáreas que consideran parte de su territorio ancestral. Además, solicitan el reconocimiento de linderos históricos amparados en el llamado Título Colonial 1146 de 1966.

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La movilización, llamada “Movilización por la Vida y el Territorio”, reúne a familias llegadas desde el resguardo de Guambía, en Silvia, Cauca. Aunque algunas versiones hablan de hasta 1.500 personas, lo cierto es que cientos de indígenas continúan concentrados en Bogotá a la espera de una solución definitiva.

Jornada de tensión en la Cancillería

El momento más complejo se vivió el pasado martes 21 de abril, cuando varios manifestantes llegaron hasta la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo.
Durante el plantón, un grupo intentó ingresar por la fuerza a las instalaciones, situación que terminó en enfrentamientos con el personal de seguridad y obligó la intervención de la Policía Metropolitana.

El saldo fue de al menos seis personas heridas y cerca de 80 funcionarios que quedaron atrapados dentro del edificio durante varios minutos, hasta ser evacuados bajo medidas de seguridad.
Tras los hechos, la Cancillería suspendió temporalmente sus servicios, incluida la atención para trámites de pasaportes, generando afectaciones a ciudadanos que tenían citas programadas.

Denuncian amenazas y presencia de grupos armados

Otro de los puntos más sensibles del pliego de peticiones tiene que ver con la seguridad en el Cauca.
Voceros indígenas aseguran que en sus territorios hay presencia de grupos armados ilegales y que varios integrantes de la comunidad han sido asesinados o amenazados “No vinimos a pasear, vinimos porque nos están matando”, expresó uno de los líderes durante la jornada de protesta.

También solicitan la creación de un Plan de Salvaguarda y acciones urgentes para proteger a las familias Misak.

Gobierno anuncia mesa técnica

Ante la presión generada en Bogotá, el Gobierno Nacional anunció una ruta institucional para atender las exigencias. El ministro del Interior, Armando Benedetti, y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, confirmaron la instalación de una mesa técnica este viernes a las 8:00 de la mañana en la Agencia Nacional de Tierras.

Según explicaron, el propósito será revisar jurídicamente cada una de las solicitudes y buscar soluciones que no profundicen los conflictos internos entre comunidades del Cauca.

Permanencia indefinida en Bogotá

Pese al anuncio, la comunidad mantiene su decisión de permanecer en la capital. Actualmente se encuentran instalados en inmediaciones de la Plaza Cultural La Santamaría y el sector de La Macarena, donde permanecen familias completas, niños y adultos mayores.

Los voceros aseguraron que no abandonarán Bogotá hasta sostener un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro, pues consideran que en anteriores ocasiones solo se firmaron compromisos que no se cumplieron. Mientras tanto, persisten las afectaciones en la movilidad sobre corredores como la carrera Séptima y la calle 26, además de la preocupación de comerciantes del centro ante la posibilidad de nuevas jornadas de protesta.

La reunión prevista para este viernes será clave para definir si la comunidad regresa al Cauca o si la presión social en la capital continúa durante los próximos días.

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Vea a continuación esta noticia y otros hechos informativos del país

El Valle del Cauca ha sido una región históricamente afectada por el conflicto armado, el cual nuevamente genera miedo y destrucción a su paso. Las autoridades evalúan los posibles autores materiales de estos ataques terroristas y refuerzan medidas en varia zonas del departamento. 

Una jornada de violencia sin precedentes en Cauca y Valle del Cauca
El martes 10 de junio de 2025 se vivió uno de los días más oscuros en el suroccidente colombiano. En solo 24 horas se presentaron 24 ataques terroristas de manera simultánea en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, afectando a varias zonas importantes. Municipios como Corinto, Toribío, El Bordo y Morales, así como ciudades principales como Cali, Palmira y Buenaventura, fueron escenario de explosiones, tiroteos y atentados con carro bomba. La violencia dejó un saldo de siete muertos, entre ellos cinco civiles y dos policías, y al menos 30 heridos, muchos con lesiones graves.

Sistema de salud al borde del colapso por ataques terroristas

Los hechos presentados dejaron heridos de gravedad los cuales en su mayoría fueron llevados a la fundación Valle de Lili, donde su capacidad hospitalaria repaso la capacidad.

El centro médico declaró una alta congestión hospitalaria en su servicio de urgencias. Ante la magnitud de la emergencia, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca hizo un llamado urgente a la ciudadanía para donar sangre, indispensable para atender a los heridos de los múltiples ataques con artefactos explosivos.

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Atentados y miedo en la población
Los atentados fueron dirigidos contra instalaciones de la Policía Nacional, Alcaldia, estaciones urbanas y puntos estratégicos de paso vehicular, causando temor y suspendiendo las actividades normales en las regiones. Las autoridades confirmaron el uso de armas de fuego, cilindros bomba abandonados y ataques con explosivos artesanales. Las fuerzas militares y la Policia Nacional busca restablecer el control, hacen el llamado apoyar a las víctimas con donaciones y mantener la calma en medio de una crisis que pone a prueba la calma del suroccidente colombiano.

Gustavo Petro en Cali

El presidente Gustavo Petro se concentro en la plaza principal de Cali, donde en medio de la crisis criminal se presento en televisión nacional donde explico a la ciudadanía porque era necesaria una reforma laboral en beneficio del pueblo. Organizaciones indígenas estuvieron en el punto de encuentro. El mandatario menciono también lo sucedido con el pre candidato presidencial Miguel Uribe Turbay a su vez brindo palabras de apoyo por lo sucedido las ultimas horas en el departamento.

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Con la suspensión de la investigación del CNE, El presidente de la Republica Gustavo Petro deja atrás momentáneamente el escándalo que envolvió su campaña presidencial durante las elecciones presidenciales en 2022, algo que afecta su figura política como mandatario desde que salió este caso a ojos de la opinión pública.

¿Cuál fue el problema?

Siendo el principal problema la violación de los topes en la campaña electoral, por el entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro Urrego. Calculándose que dicha cifra económica habría superado los $5.300 millones de pesos en la primera y segunda vuelta.

Sin embargo, dentro de esta investigación se vieron involucrados algunos miembros claves de su campaña presidencial Pacto Histórico como lo son Ricardo Roa el gerente de la campaña, Lucy Aydee Mogollón encargada de tesorería y los Auditores de la campaña presidencial Juan Carlos Lemus y María Lucy Soto sospechándose que dicha financiación económica proviene de fuentes prohibidas.

¿Cuándo se descubrió la irregularidad?

En el transcurso de octubre del año 2024, se aprobó abrir el proceso en contra del mandatario luego de que 7 votos a favor y 2 abstenciones la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) oficializo la apertura del expediente en contra del presidente de la Republica Gustavo Petro Urrego en calidad de candidato.

Durante ese mismo mes el 18 de octubre de 2024 se publicó un documento en el que se reflejaban los cargos que formuló el CNE contra el presidente de la Republica entre los cuales esta el omitir pagos a FECODE por una suma de quinientos mil millones de pesos y no pagar mas de novecientos mil millones a testigos electores entre otros casos.

¿Cómo va el desarrollo del caso?

Tras cinco meses que dio inicio la investigación el mandatario de los colombianos expreso su descontento al saber que le están vulnerando el derecho al debido proceso argumentando que el órgano que esta llevando su caso debe ser uno aparte y que en este caso eso le conviene netamente por la Comisión de Investigación y Acusaciones.

En respuesta a esto se aclaro que el CNE puede entrar a investigar las campañas presidenciales pero que la instancia final disciplinaria es competencia del último órgano mencionado.

Las observaciones dadas para este caso es netamente mantener la imparcialidad del caso y la velocidad con que avance en un futuro las investigaciones del caso en la corte señalándose que el expediente del caso no fue archivado sino congelado mientras se evalúa la tutela impuesta por el presidente.

La Comisión de Investigación y el presidente Petro

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