Redactado por Joseph D. Chacón Q.

Ataque con pintas, objetos contundentes y hurto de propaganda en Chapinero

El hecho ocurrió en la tarde del jueves 21 de mayo en una casa ubicada en la calle 53 con carrera Séptima, en la localidad de Chapinero, uno de los sectores más concurridos del norte de Bogotá. Una decena de personas encapuchadas llegó al lugar y comenzó a lanzar objetos contundentes contra la fachada, lo que provocó la rotura de varios vidrios del primer piso de la edificación. Los agresores también pintaron grafitis en las paredes exteriores y robaron elementos publicitarios de la campaña, incluyendo vallas y afiches de Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

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En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los encapuchados actuaron durante varios minutos mientras los colaboradores de la campaña permanecían al interior de la vivienda, sin poder contener la arremetida por razones de seguridad. Las grabaciones también muestran la presencia de gestores de convivencia del Distrito en las inmediaciones, quienes se limitaron a observar lo que sucedía sin intervenir para impedir el ataque. Algunos de los manifestantes portaban tambores y otros elementos de percusión, y según testigos continuaron desplazándose por la carrera Séptima en medio de una manifestación celebrando lo ocurrido.

Mensajes políticos en las pintas: alusión directa a Iván Cepeda

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el contenido de los grafitis dejados por los agresores. En las paredes de la sede aparecieron mensajes exaltando la figura del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y consignas que pedían su elección como presidente de Colombia. Los encapuchados también dejaron consignas en contra de la candidata opositora y de su partido, el Centro Democrático.

Foto: Agencia de Periodismo Investigativo

La campaña de Valencia relacionó este ataque con otros actos vandálicos ocurridos recientemente en Antioquia, donde simpatizantes del Pacto Histórico pintaron un mural sobre los denominados “falsos positivos” cerca de la vivienda del expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático. El equipo de la campaña advirtió que estas acciones configuran una “peligrosa escalada de odio político” que debe ser rechazada por todos los sectores democráticos del país.

La reacción de la campaña: denuncia por falta de garantías

Desde el equipo de prensa de Paloma Valencia difundieron un comunicado en el que calificaron el ataque como un acto «inaceptable» y advirtieron sobre la gravedad de que estos hechos se presenten a solo diez días de la apertura de las urnas, prevista para el 31 de mayo. «Estos hechos evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia. Es profundamente preocupante que quienes ejercen su actividad política desde la legalidad y la democracia deban enfrentar amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte de sectores radicalizados», señaló el pronunciamiento oficial.

Foto: Centro Democratico

La candidata se trasladó hasta la sede afectada para ponerse al frente de la situación y evaluar personalmente los daños causados. En sus declaraciones a los medios, Valencia insistió en que el Estado debe garantizar condiciones de seguridad para todos los aspirantes presidenciales, independientemente de su afiliación política. El comunicado también responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro, a Iván Cepeda y al Ministerio del Interior por lo sucedido, al considerar que existe un clima de hostigamiento sistemático contra la oposición que no ha sido frenado por las autoridades.

El contexto electoral: antecedentes de agresiones contra la campaña

Este ataque en Chapinero no es un hecho aislado en la campaña de Paloma Valencia. La candidata del Centro Democrático ha denunciado en reiteradas ocasiones que sus instalaciones y colaboradores han sido objeto de hostigamientos en distintas regiones del país. El pasado 1 de mayo, durante una movilización en Bucaramanga, manifestantes vandalizaron su sede política en esa ciudad, pintando mensajes intimidatorios y causando daños en la fachada de unas instalaciones que ya habían sido atacadas en ocasiones anteriores. En Cartagena también se reportaron daños materiales en otra de sus sedes de campaña, lo que encendió las alarmas entre sus colaboradores.

Además de los ataques físicos a sus instalaciones, la senadora ha denunciado amenazas de muerte en su contra. Valencia reveló públicamente que un grupo armado ilegal, identificado como el frente 42 de las disidencias de las Farc, le habría puesto precio a su cabeza con una suma cercana a los $2.000 millones. Ante esta situación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció el refuerzo del esquema de protección de la candidata, aunque desde la campaña consideran que las medidas son insuficientes para garantizar su seguridad y la de sus colaboradores.

Reacciones de las autoridades y llamado a la investigación

El ataque a la sede de campaña de Valencia ocurre en un contexto de creciente polarización política a pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La Policía Metropolitana de Bogotá informó que ha abierto una investigación para identificar a los responsables del ataque y determinar si existen vínculos con estructuras organizadas detrás de estos actos vandálicos.

La Registraduría Nacional y la Misión de Observación Electoral manifestaron su preocupación por la escalada de violencia política en el país y pidieron a todas las campañas y a sus simpatizantes actuar dentro del marco de la ley y el respeto por la diferencia. El llamado de las autoridades se extiende también a los organismos de seguridad del Estado, para que garanticen condiciones de tranquilidad durante los últimos días de campaña y el día de la votación.

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Redactado por Alexandra Barrios

La presencia del pueblo Misak en Bogotá sigue generando tensión en la Capital. Cerca de 800 integrantes de esta comunidad indígena permanecen asentados en el centro de la ciudad luego de las protestas registradas en la sede de la Cancillería, donde exigieron respuestas inmediatas del Gobierno Nacional frente a la crisis que aseguran vivir en sus territorios.

 La protesta tiene como eje principal una disputa territorial que la comunidad considera histórica. Exigen la revisión y anulación de varias resoluciones emitidas entre 2022 y 2024 por la Agencia Nacional de Tierras, al asegurar que fueron tomadas sin consulta previa y favorecieron a otras comunidades vecinas.

Según sus líderes, el conflicto involucra cerca de 9.600 hectáreas que consideran parte de su territorio ancestral. Además, solicitan el reconocimiento de linderos históricos amparados en el llamado Título Colonial 1146 de 1966.

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La movilización, llamada “Movilización por la Vida y el Territorio”, reúne a familias llegadas desde el resguardo de Guambía, en Silvia, Cauca. Aunque algunas versiones hablan de hasta 1.500 personas, lo cierto es que cientos de indígenas continúan concentrados en Bogotá a la espera de una solución definitiva.

Jornada de tensión en la Cancillería

El momento más complejo se vivió el pasado martes 21 de abril, cuando varios manifestantes llegaron hasta la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo.
Durante el plantón, un grupo intentó ingresar por la fuerza a las instalaciones, situación que terminó en enfrentamientos con el personal de seguridad y obligó la intervención de la Policía Metropolitana.

El saldo fue de al menos seis personas heridas y cerca de 80 funcionarios que quedaron atrapados dentro del edificio durante varios minutos, hasta ser evacuados bajo medidas de seguridad.
Tras los hechos, la Cancillería suspendió temporalmente sus servicios, incluida la atención para trámites de pasaportes, generando afectaciones a ciudadanos que tenían citas programadas.

Denuncian amenazas y presencia de grupos armados

Otro de los puntos más sensibles del pliego de peticiones tiene que ver con la seguridad en el Cauca.
Voceros indígenas aseguran que en sus territorios hay presencia de grupos armados ilegales y que varios integrantes de la comunidad han sido asesinados o amenazados “No vinimos a pasear, vinimos porque nos están matando”, expresó uno de los líderes durante la jornada de protesta.

También solicitan la creación de un Plan de Salvaguarda y acciones urgentes para proteger a las familias Misak.

Gobierno anuncia mesa técnica

Ante la presión generada en Bogotá, el Gobierno Nacional anunció una ruta institucional para atender las exigencias. El ministro del Interior, Armando Benedetti, y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, confirmaron la instalación de una mesa técnica este viernes a las 8:00 de la mañana en la Agencia Nacional de Tierras.

Según explicaron, el propósito será revisar jurídicamente cada una de las solicitudes y buscar soluciones que no profundicen los conflictos internos entre comunidades del Cauca.

Permanencia indefinida en Bogotá

Pese al anuncio, la comunidad mantiene su decisión de permanecer en la capital. Actualmente se encuentran instalados en inmediaciones de la Plaza Cultural La Santamaría y el sector de La Macarena, donde permanecen familias completas, niños y adultos mayores.

Los voceros aseguraron que no abandonarán Bogotá hasta sostener un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro, pues consideran que en anteriores ocasiones solo se firmaron compromisos que no se cumplieron. Mientras tanto, persisten las afectaciones en la movilidad sobre corredores como la carrera Séptima y la calle 26, además de la preocupación de comerciantes del centro ante la posibilidad de nuevas jornadas de protesta.

La reunión prevista para este viernes será clave para definir si la comunidad regresa al Cauca o si la presión social en la capital continúa durante los próximos días.

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Vea a continuación esta noticia y otros hechos informativos del país

Desde la madrugada de este jueves 3 de abril, la movilidad en el centro de Bogotá se ha visto gravemente afectada debido a las manifestaciones por parte de la comunidad indigena.

La carrera 10 y las estaciones de TransMilenio en el centro de la ciudad han sido escenario de bloqueos y disturbios. Al menos cinco estaciones estuvieron cerradas (San Victorino, Las Nieves, San Diego, Museo del Oro y Aguas), y se ha registrado que varios buses han sido pinchados y grafiteados. Además, algunas rutas del SITP han tenido interrupciones y paraderos sin servicio. 

Uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional, tuvieron que intervenir con tanquetas y gases lacrimógenos a los integrantes de la Minga que obstruían la movilidad en ese sector. Hasta las 7:18 a.m. de hoy, las estaciones de TransMilenio retomaron nuevamente sus recorridos por la Carrera 10, pero las afectaciones continúan en varias zonas del centro. En total, más de 18.000 usuarios se han visto afectados por la protesta.

Comunidades indígenas arriban a Bogotá 

El pasado lunes 31 de marzo de 2025, aproximadamente 800 miembros de comunidades indígenas provenientes de Cauca, Nariño y Putumayo llegaron a Bogotá, con la intención de buscar diálogo con el Gobierno Nacional para abordar las problemáticas que enfrentan en sus territorios. En la Plaza de Bolívar, centro de la capital, se asentaron con la esperanza de que sus demandas sean atendidas por el Presidente Gustavo Petro. La protesta, que inicialmente reunió a 800 personas, se ha incrementado y se espera que para el fin de semana la Minga Indígena alcance entre 2.000 y 3.000 asistentes. 

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Motivos de la protesta de los indígenas

Las comunidades indígenas exigen cumplir compromisos que el Gobierno Nacional había pactado anteriormente con sus comunidades, que hasta el momento no se han cumplido en su totalidad, desatando descontento en estas comunidades. Los acuerdos incluyen mejores condiciones de vida, acceso a recursos y atención a problemáticas sociales y territoriales. Sin embargo, el Distrito Capital ha señalado que, aunque se ofreció un espacio de encuentro alternativo en el Parque El Renacimiento para su permanencia, las comunidades han rechazado la propuesta, manifestando que se quedarán en la Plaza de Bolívar hasta ser escuchados por el presidente. 

Entre los manifestantes, se ha confirmado que hay niños, por lo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el equipo de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno están trabajando para garantizar su bienestar. Además, las autoridades locales han señalado que no se recurrirá a la fuerza para desalojar a los manifestantes, sino que se buscará una solución a través del diálogo con el Gobierno Nacional. 

Indígenas ignorados por el presidente @petrogustavo y su ministro @AABenedetti decidieron bloquear el servicio de transporte público en el centro de Bogotá. pic.twitter.com/pjN1cRRuLZ

— Manuel Salazar (@manolitosalazar) April 3, 2025

En busca de soluciones para los integrantes de la Minga

A pesar de las dificultades y los disturbios que ya se han presentado, el Distrito sigue trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional para resolver la situación de manera pacífica. La prioridad es garantizar los derechos tanto de los manifestantes como de los ciudadanos afectados por las alteraciones en la movilidad.

La Secretaría de Movilidad, la Policía y el equipo de Diálogo Social continúan activos, y se espera que, a medida que avance la semana, se pueda encontrar una solución que permita mantener el orden y la seguridad en la ciudad. 

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Ante la situación la alcaldesa Claudia López se dirigió al hospital donde se encontraba el patrullero mostrando apoyo ante la situación y a los familiares del uniformado. López también expresó que los responsables de lo sucedido pueden ser grupos relacionados con las disidencias de las Farc los cuales se infiltran en el campus universitario.

Así mismo, la mandataria distrital hizo un fuerte pronunciamiento por medio de sus redes sociales  «Señor presidente, exíjales a las disidencias Farc y Eln que dejen en paz a los niños, niñas y jóvenes, que respeten todas las instituciones educativas como territorios de paz».