El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, oficializó este viernes el nombramiento de la abogada y exfiscal general Viviane Morales Hoyos como nueva consejera comisionada de Paz. La designación la ubica al frente de la coordinación de la política de paz del Gobierno Nacional y le asigna, de manera simultánea, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC. 

La llegada de Morales a estas dependencias se produce en un momento de cambios en la estrategia del Ejecutivo frente a los procesos de negociación, los mecanismos de reconciliación y las instituciones responsables de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el Estado. Entre las tareas anunciadas se encuentran la revisión de los programas vigentes, la evaluación de los recursos públicos destinados a su funcionamiento y la reorganización de las entidades encargadas de ejecutar las políticas relacionadas con la paz. 

Según la información divulgada por el Gobierno, la nueva funcionaria tendrá que coordinar las directrices institucionales en materia de seguridad y reconciliación, verificar la asignación de recursos presupuestales y participar en la transición administrativa prevista para la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. 

Foto de El Tiempo

¿Cuáles serán las funciones de Viviane Morales como consejera comisionada de Paz? 

La Consejería Comisionada de Paz asesora a la Presidencia en los acercamientos con organizaciones armadas, los procesos de desmovilización y reintegración, y el seguimiento a los compromisos del Estado. También coordina acciones entre ministerios y entidades responsables de la seguridad y las políticas de paz en los territorios. 

Con su nombramiento, Viviane Morales deberá liderar estas funciones y revisar los programas vigentes, su ejecución presupuestal y los resultados de las políticas anteriores. El Gobierno busca determinar qué iniciativas deben fortalecerse, modificarse o desmontarse, con énfasis en el cumplimiento de las normas, la seguridad y la reparación de las víctimas. 

La auditoría anunciada incluye los recursos destinados a las mesas de negociación y los acercamientos sociojurídicos impulsados durante el Gobierno de Gustavo Petro. Entre agosto de 2022 y junio de 2026, se ejecutaron $125.174 millones para su funcionamiento y logística. 

El Ejecutivo busca evaluar el uso de estos recursos y el funcionamiento de los programas para definir posibles cambios institucionales. Al 23 de octubre de 2026, todavía no había anunciado un cronograma detallado ni los actos administrativos que establecerán cómo se implementarán las modificaciones. 

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Revisión del Acuerdo de Paz de 2016: cambios en la Unidad de Implementación 

Además de dirigir la Consejería Comisionada de Paz, Viviane Morales estará al frente de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz de 2016, encargada de hacer seguimiento a los compromisos estatales con las FARC en materia de reconciliación, reparación de las víctimas y proyectos en los territorios afectados por el conflicto. 

Sin embargo, el Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció que desmontará la unidad en su estructura actual y trasladará progresivamente sus funciones a la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad. Morales deberá coordinar la transición jurídica y administrativa para reorganizar estas responsabilidades. 

Durante el Gobierno de Gustavo Petro, la unidad operó con competencias reducidas y un nivel jerárquico menor. En 2025, la Corte Constitucional señaló la necesidad de reestructurarla y establecer objetivos operativos más claros, especialmente frente al funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), integrada por representantes del Gobierno y de los excombatientes. 

Con la nueva decisión, el Ejecutivo busca reorganizar las funciones de esta dependencia. No obstante, al 23 de octubre de 2026, todavía no había anunciado los plazos ni los instrumentos jurídicos que definirán la transición, la cual deberá ajustarse al marco constitucional y legal vigente. 

¿Quién es Viviane Morales Hoyos? Trayectoria política y jurídica 

Viviane Morales Hoyos es abogada egresada de la Universidad del Rosario y cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Ha ocupado cargos como fiscal general de la Nación, senadora, representante a la Cámara, embajadora de Colombia en Francia y ministra de Educación, cargo que asumió al inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella. 

Su paso por el Ministerio de Educación terminó el 31 de agosto de 2026, cuando presentó su renuncia pocos días después de asumir, por motivos personales relacionados con el estado de salud de su hija. Tras su salida, Ilva Myriam Hoyos asumió la dirección de esa cartera. Ahora, Morales regresa al Gobierno como consejera comisionada de Paz, con responsabilidades en la coordinación de esta política y la reorganización de las entidades encargadas de su implementación. 

Durante el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz de 2016, Morales respaldó la opción del Sí. Posteriormente, cuando ocupó una curul en el Senado por el Partido Liberal, expresó reparos frente a aspectos de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y algunas disposiciones del acuerdo relacionadas con cuestiones éticas y familiares. 

Aunque votó a favor de las normas que otorgaron personería política a la organización desmovilizada y del Estatuto de la Oposición, se ausentó de otras votaciones sobre la reglamentación del acuerdo. 

Más adelante, durante su precandidatura presidencial, fortaleció sus vínculos con movimientos cristianos y sectores conservadores, y asumió una postura crítica frente a las políticas del Gobierno de Gustavo Petro. Estos antecedentes permiten contextualizar su llegada a la Consejería de Paz, aunque las decisiones que adopte dependerán de las directrices del Ejecutivo y de las funciones asignadas al cargo. 

Foto de Caracol Radio

¿Qué sigue para la política de paz del Gobierno Nacional? 

Con la llegada de Viviane Morales a la Consejería Comisionada de Paz, el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca revisar los programas, evaluar los recursos destinados a las negociaciones y reorganizar las entidades encargadas de implementar el Acuerdo de Paz de 2016. 

Entre sus principales tareas estará coordinar la transición de la Unidad de Implementación del Acuerdo y supervisar la revisión presupuestal, bajo el marco constitucional y legal vigente. 

Sin embargo, al 23 de octubre de 2026, el Gobierno todavía no había anunciado el cronograma ni los decretos que definirán los plazos y mecanismos de la reestructuración. La continuidad de los programas y la distribución de las responsabilidades dependerán de las próximas decisiones administrativas y jurídicas del Ejecutivo. 

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